Si se extrapola a la República Dominicana las estadísticas de la OIT que establecen que los accidentes de trabajo les cuestan a los países cada año el 4 por ciento del PIB, esto representaría 96 mil millones de pesos al año. Estos costos son derivados de las pérdidas en la productividad, la calidad y la competitividad empresarial, puesto que los mismos tienen un origen en las fallas en los procesos de productivos, organizativos, técnicos y humanos.
Estas consideraciones fueron expuestas en la conferencia “Impacto de la Seguridad y Salud Ocupacional en la Productividad en las Empresas”, ofrecida por Yuri Durán, actividad con la cual el INFOTEP celebró su 32 aniversario. Citó entre los efectos de una seguridad y salud ocupacional deficientes, la pérdida de licencia para operar, de clientes, de imagen, conflictos con grupos de interés, multas, pérdida de empleados capacitados y con experiencia, daños a equipos e instalaciones, primas de seguros más elevadas, pago de indemnizaciones, dificultad para reclutar empleados de alta calidad y mayor ausentismo.
Reconoció que en nuestro país está aumentando el número de empresas están tomando en serio la evaluación del desempeño social y cumplimiento de las regulaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de sus proveedores. De acuerdo al Foro Económico Mundial, su evaluación anual sobre sustentabilidad empresarial, para los índices de sustentabilidad Dow Jones (DJSI), más del 20% de las empresas citan que dentro de los criterios que toman en cuenta para la selección de los principales proveedores de servicios del mundo es el desempeño en seguridad, segundo detrás de la protección ambiental.
En conclusión, las empresas que son o aspiran a ser más productivas y competitivas, aplican programas de Seguridad y Salud Ocupacional, cuyos beneficios pueden ser medidos más por la prevención de pérdidas que por la generación de beneficios económicos tangibles, y es un reto tanto en el orden gubernamental como del sector empresarial, sensibilizar a la sociedad sobre el impacto que tienen los gastos generados por accidentes y enfermedades profesionales sobre la economía, de forma que se incremente la inversión en materia preventiva.
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